La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, enfrenta cuestionamientos de representantes partidistas por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral y posibles conflictos de interés que involucran a personas de su entorno laboral.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, representantes de oposición exigieron transparencia sobre los contratos otorgados a empresas señaladas en investigaciones periodísticas. Algunos solicitaron que Taddei se separe temporalmente del cargo mientras se revisan los hechos, mientras que otros condicionaron su permanencia a que se acredite la legalidad de los procedimientos.
La presidenta del organismo descartó renunciar y sostuvo que las elecciones no se ganan desacreditando a la autoridad electoral, sino mediante el voto ciudadano. También afirmó que el INE atenderá los requerimientos de las autoridades competentes.
Solicitan auditorías y explicaciones públicas
Las exigencias se producen después de publicaciones periodísticas que reportaron posibles vínculos entre funcionarios o colaboradores del instituto y empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellas Corporativo ZEG y Cajas Graf.
De acuerdo con esos reportes, algunos de los casos bajo cuestionamiento incluyen a personas que habrían tenido relaciones laborales o de representación legal con empresas contratistas. Los señalamientos han abierto preguntas sobre los mecanismos de contratación y los controles para prevenir conflictos de interés.
El representante del Partido Somos, Marco Antonio Baños Martínez, solicitó que Taddei se separe temporalmente de la presidencia mientras se revisan las acusaciones. Por su parte, representantes del PRI exigieron un informe detallado de los contratos y plantearon que la funcionaria debería renunciar si no acredita la legalidad de los procedimientos.
Las representaciones del PAN y otros partidos también pidieron que la documentación se entregue a las instancias fiscalizadoras. Morena rechazó la petición de renuncia, mientras que otras voces llamaron a actuar con prudencia y respetar la presunción de inocencia.
Taddei anuncia revisión de contrataciones
Un día antes, Taddei presentó el Portal de Transparencia Ciudadana del INE y anunció que solicitará la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). También indicó que la información relacionada con las personas y expedientes señalados fue canalizada al Órgano Interno de Control para que determine si existen irregularidades.
La consejera presidenta defendió los procedimientos de contratación y afirmó que las empresas cuestionadas han prestado servicios al instituto desde administraciones anteriores. Sobre la adquisición de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025, sostuvo que la adjudicación directa se realizó conforme a la ley, luego de que la licitación previa fuera declarada desierta.
Taddei también rechazó que existan proveedores favorecidos y afirmó que el organismo colaborará con las investigaciones administrativas que correspondan.
La controversia ocurre antes de las elecciones de 2027
El caso coloca bajo escrutinio los controles internos del INE en la etapa de preparación de los comicios de 2027. El debate se centra en determinar si las contrataciones se apegaron a la normativa, si hubo posibles conflictos de interés y qué responsabilidades, en su caso, podrían derivarse.
Hasta que las instancias competentes concluyan sus revisiones, los señalamientos deben distinguirse de hechos acreditados. La presentación de información ante órganos fiscalizadores no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad.
La resolución del caso y la información que entregue el instituto serán relevantes para esclarecer las dudas sobre los contratos y los mecanismos de supervisión del organismo electoral.
