El Congreso de Morelos aprobó la minuta de reforma constitucional federal en materia de nacionalidad única, con la que se establecen nuevos requisitos para quienes busquen ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación a los artículos 82, 116 y 122 establece que quienes aspiren a estos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura. Durante el ejercicio del cargo tampoco podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad.
La reforma también contempla restricciones relacionadas con el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos ante otro Estado y el acogimiento a protección diplomática extranjera.
En Morelos, el dictamen fue aprobado con 12 votos a favor y seis en contra, después de un debate en el que legisladores expusieron posiciones distintas sobre los efectos de la medida.
Durante la sesión, la bancada del Partido del Trabajo (PT) no estuvo presente al momento de la votación. Aunque el diputado Alberto Sánchez Ortega se encontraba previamente en el recinto legislativo, minutos antes de la discusión abandonó el Congreso, por lo que no participó en la votación de la reforma.
Quienes votaron en contra argumentaron que la reforma puede restringir los derechos político-electorales de mexicanos con doble nacionalidad. Entre las posturas expresadas se señaló que la lealtad al país debe valorarse a partir de los actos y trayectoria de las personas, y no únicamente por su nacionalidad adicional.
A favor de la modificación, legisladores de Morena y el PVEM señalaron que la medida busca establecer un vínculo jurídico y político exclusivo con México para quienes ocupen las principales responsabilidades ejecutivas, bajo el argumento de preservar la soberanía y evitar posibles conflictos derivados de vínculos jurídicos con otros Estados.
La reforma federal fue aprobada previamente por la Cámara de Diputados y el Senado y requiere el aval de la mayoría de las legislaturas estatales como parte del procedimiento de reforma constitucional. El Congreso de la Ciudad de México también aprobó la minuta el 29 de septiembre.
De acuerdo con el régimen transitorio aprobado por el Congreso de la Unión, la reforma contempla su aplicación a partir del proceso electoral de 2028, una vez cumplido el procedimiento constitucional y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
