La colocación de la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, con la presencia del gobernador Mauricio Kuri y del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, abrió una disputa entre el Gobierno federal y la administración estatal sobre los procedimientos que deben seguirse para establecer cooperación internacional en materia de seguridad.
Durante su conferencia matutina del 5 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el proyecto debió ser informado y sometido a los mecanismos correspondientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).
La mandataria sostuvo que los gobiernos estatales pueden recibir cooperación internacional, pero deben hacerlo mediante los canales establecidos por el Gobierno federal. Recordó que la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y que la cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros está sujeta a procedimientos específicos.
“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley”, sostuvo Sheinbaum.
La presidenta también aclaró que su señalamiento constituye un “alertamiento” al gobierno de Querétaro y no una acusación de que se haya cometido un delito. De acuerdo con su explicación, el GANSEG debe revisar los proyectos de cooperación y, posteriormente, la Cancillería emitir el dictamen correspondiente.
Querétaro asegura que sí informó a la Federación
La administración de Mauricio Kuri sostiene una versión distinta sobre la falta de comunicación con el Gobierno federal. Un oficio fechado el 23 de septiembre y recibido por la SRE el 25 de septiembre acredita que Querétaro informó a la Cancillería sobre la visita de Ronald Johnson prevista para el 2 de octubre.
Sin embargo, el documento se refería a la visita como un encuentro protocolario para abordar “diversos temas de interés común” y señalaba expresamente que ésta no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.
La administración queretana y la senadora panista Guadalupe Murguía sostienen además que otras autoridades federales fueron informadas. Murguía afirmó que la Secretaría de Seguridad federal, la Defensa y la Guardia Nacional tuvieron conocimiento del proyecto y que representantes de estas instituciones estuvieron presentes durante el acto.
La propia Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó la participación de su titular, Víctor Antonio De Jesús Hernández, en la colocación de la primera piedra, junto con Kuri y Johnson. La Fiscalía presentó el proyecto como parte de un esquema de cooperación para capacitación, tecnología e intercambio de conocimientos en materia de seguridad.
La diferencia está en el proyecto, no en la visita
La SRE confirmó que recibió el oficio enviado por Kuri, pero hizo una precisión relevante: informar sobre la visita del embajador no equivale a solicitar autorización para un proyecto de cooperación internacional en seguridad.
La Cancillería señaló que cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitar previamente el visto bueno del GANSEG. La dependencia agregó que acompaña a gobiernos estatales y municipales en este tipo de gestiones.
Esto coloca el punto de controversia en el alcance de la academia. Mientras Querétaro sostiene que la comunicación previa cumplió con informar sobre la visita y que existía coordinación con autoridades federales, el Gobierno federal sostiene que la academia, al contemplar cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, requería un procedimiento adicional.
El propio acto inaugural abona a esa diferencia. El gobernador Kuri destacó la colaboración de Estados Unidos para impulsar proyectos de seguridad en Querétaro, mientras Ronald Johnson habló de ampliar la cooperación entre ambos países y señaló que la academia permitirá capacitar a fuerzas del orden en detección e intercepción de drogas, armas, efectivo ilícito y otras formas de contrabando.
Debate sobre soberanía y cooperación
La polémica también llegó al Senado. La legisladora Guadalupe Chavira de la Rosa planteó que la Cámara Alta dé seguimiento al caso y que los gobiernos estatales se apeguen al marco constitucional y legal para celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros.
Desde la oposición, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, defendió al gobernador Kuri y sostuvo que la administración estatal cumplió con las invitaciones y requisitos correspondientes.
El caso, por tanto, no enfrenta dos posiciones sobre si México debe o no cooperar con Estados Unidos en seguridad. Ambas partes reconocen que existe cooperación bilateral. La diferencia está en determinar si la comunicación realizada por Querétaro fue suficiente para el proyecto específico de la academia o si, como sostiene la SRE, era necesario tramitar previamente su revisión ante el GANSEG.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya ofreció acompañamiento al gobierno de Querétaro para realizar las gestiones correspondientes y subrayó que la cooperación México-Estados Unidos en seguridad debe conducirse mediante los canales institucionales, bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.
Por ahora, la academia se encuentra en etapa inicial: el pasado 2 de octubre únicamente se realizó la colocación de la primera piedra. La discusión sobre las autorizaciones y el alcance de la participación estadounidense deberá definirse antes de que el proyecto entre en operación.
